El compliance ambiental es un componente esencial para la gobernanza corporativa en el sector de tecnología, asegurando el cumplimiento de las legislaciones vigentes y mitigando riesgos ambientales. La adopción de prácticas integradas a la estrategia corporativa favorece la sostenibilidad operativa y reduce pasivos jurídicos.
Las directrices principales encuentran amparo en la Ley nº 12.305/2010, que instituye la Política Nacional de Residuos Sólidos (PNRS), además de las resoluciones del Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), que regulan la gestión de residuos electrónicos. También es fundamental observar las normativas estatales y municipales correlativas, por ejemplo, las publicadas por la CETESB (cetesb.sp.gov.br).
Para asegurar el cumplimiento, la dirección y áreas jurídicas deben establecer políticas específicas de manejo, almacenamiento y destinación final de los residuos, incluyendo protocolos para la recolección adecuada y segura de residuos electrónicos. El plan debe establecer responsabilidades, plazos y criterios de evaluación para proveedores y socios.
El procedimiento de recolección de residuos electrónicos debe seguir las mejores prácticas disponibles, privilegiando socios certificados para asegurar un tratamiento ambientalmente adecuado. Para orientación y programación de recolección especializada, consultar los servicios disponibles en https://ecobraz.org/pt_BR/eletronicos.
La eliminación de medios que contienen información sensible debe realizarse mediante sanitización de HD u otros medios conforme a normas de seguridad de la información y protección ambiental. La utilización de técnicas reconocidas y certificadas es obligatoria para evitar riesgos de fuga de datos y contaminación. Para la programación de servicios específicos, acceder a https://ecobraz.org/pt_BR/sanitizacao-de-hd.
El mantenimiento del compliance requiere auditorías periódicas y seguimiento continuo de las prácticas implementadas. Es recomendable el uso de indicadores para medir la efectividad de los procesos e identificar oportunidades de mejora.
Es imperativo que el área jurídica actúe preventivamente mediante la evaluación constante de la legislación ambiental, contratos e informes de conformidad. La responsabilidad por infracciones ambientales puede generar sanciones administrativas, civiles y penales, según lo previsto en el Código Ambiental y en las leyes correlativas (Ley nº 9.605/1998).
El compliance ambiental orientado al sector tecnológico exige la integración de los sectores directivo y jurídico, asegurando cumplimiento regulatorio, mitigación de riesgos y contribución a la sostenibilidad. La adopción de prácticas claras, monitoreadas y auditadas es fundamental para alcanzar estos objetivos.
Al elegir nuestros servicios, estás contribuyendo a un futuro más verde y limpio. Además, puede estar seguro de que sus residuos electrónicos serán eliminados adecuadamente, sin dañar el medio ambiente.
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