La eliminación adecuada de equipos de tecnología de la información (TI) en la ciudad de São Paulo está regida por la legislación ambiental vigente, especialmente por la Política Nacional de Residuos Sólidos (Ley nº 12.305/2010). Esta ley establece responsabilidades compartidas entre fabricantes, importadores, comerciantes, consumidores y el poder público, con el objetivo de reducir residuos y fomentar el reciclaje.
Además de la norma federal, el Estado de São Paulo cuenta con regulaciones específicas como la Resolución SMA nº 48/2016, que define criterios para la gestión integrada de residuos electroelectrónicos. La eliminación inadecuada puede resultar en penalizaciones según el Código Ambiental Paulista (Ley nº 13.798/2009).
La disposición final segura implica la recolección especializada, transporte y procesamiento de equipos desactivados. Se recomienda contratar empresas certificadas para la recolección de desechos electrónicos, garantizando conformidad con las normas ambientales y evitando impactos en la salud pública.
Para medios que contienen información sensible, como discos duros (HDs), es obligatorio el procedimiento de eliminación segura de equipos de TI mediante la sanitización, que asegura la destrucción permanente de los datos según las mejores prácticas de seguridad de la información recomendadas por el National Institute of Standards and Technology (NIST), conforme a la documentación disponible en nvlpubs.nist.gov y csrc.nist.gov.
La eliminación incorrecta de equipos electrónicos contribuye a la contaminación del suelo y de los acuíferos debido a metales pesados presentes en componentes electrónicos. El proceso adecuado de reciclaje reduce la extracción de recursos naturales y evita daños ambientales, según lo establecido por el Sistema Nacional de Información sobre la Gestión de Residuos Sólidos (SINIR), disponible en sinir.gov.br y por el Manual Técnico de SINIR (mtr.sinir.gov.br).
Las entidades que operan en el sector de TI en São Paulo deben adoptar políticas internas para la correcta gestión de las eliminaciones, implementar contratos con prestadores de servicios ambientales licenciados y mantener registros de las disposiciones, según lo previsto por la Política Nacional de Residuos Sólidos. Además, deben concientizar a los colaboradores sobre los riesgos y procedimientos adecuados.
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