La gobernanza de descarte es un componente crítico para organizaciones que buscan cumplimiento ambiental y mitigación de riesgos regulatorios. Fallas en procedimientos y controles en el descarte inadecuado pueden resultar en sanciones financieras significativas, conforme a las regulaciones vigentes en Brasil.
La gestión incorrecta de residuos está regulada por normas federales y estatales, incluyendo la Ley nº 9.605/1998 (Ley de Delitos Ambientales) y el Sistema Nacional de Información sobre la Gestión de Residuos Sólidos (SINIR), establecido por la Política Nacional de Residuos Sólidos (Ley nº 12.305/2010). El incumplimiento de estas normas puede acarrear multas que superan valores millonarios, basadas en el potencial daño ambiental causado.
Entre los fallos más frecuentes se encuentran la ausencia de documentación adecuada, incumplimiento de las normas de segregación y acondicionamiento, así como la falta de registros de cadena de custodia del descarte. La insuficiencia de capacitaciones y auditorías internas también contribuye a riesgos de incumplimiento.
Estas vulnerabilidades aumentan la exposición a sanciones por parte de CETESB y organismos ambientales competentes, según señala el Centro de Tecnología Ambiental, que monitorea y fiscaliza la conformidad de los controles ambientales.
El descarte electrónico incorrecto, incluyendo equipos y medios digitales, requiere atención especial debido a la presencia de componentes tóxicos y la necesidad de protección de datos sensibles. Se recomienda la adopción de procesos rigurosos para la recolección de basura electrónica y descarte seguro para mitigar riesgos ambientales y legales.
Para el descarte seguro de medios como discos duros, la destrucción y sanitización de datos en dispositivos de almacenamiento son prácticas esenciales, garantizando la integridad de la gobernanza digital y evitando filtraciones de información.
Establecer políticas internas claras, capacitación continua, auditorías periódicas y monitoreo automatizado son medidas necesarias. También se recomienda la contratación de proveedores con certificación reconocida y conformidad con la PNRS.
Adoptar la gobernanza de descarte conforme a los criterios delineados en la legislación vigente reduce considerablemente el riesgo de multas y daños reputacionales, según aconsejan el Portal de la Cámara de Diputados y organismos ambientales.
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