De acuerdo con la Política Nacional de Residuos Sólidos (Ley nº 12.305/2010), la correcta eliminación de residuos electroelectrónicos, incluyendo teléfonos móviles y baterías, es fundamental para la protección ambiental y la salud pública. Esta legislación determina la responsabilidad compartida entre consumidores, poseedores, comerciantes y el poder público en la gestión de estos residuos.
Para desechar teléfonos móviles rotos y baterías cercanas a su ubicación, se recomienda utilizar puntos de recolección autorizados. Muchas municipalidades cuentan con sistemas municipales de recolección separada, en conformidad con el Sistema Nacional de Información sobre la Gestión de Residuos Sólidos (SINIR) – ver en sinir.gov.br. También es posible realizar recolección programada de residuos electrónicos, que garantiza un destino ambientalmente adecuado para los equipos descartados.
Las baterías contienen sustancias tóxicas como plomo, cadmio y mercurio, que pueden causar graves daños ambientales y a la salud si no se eliminan correctamente. El almacenamiento y manejo inadecuado pueden provocar contaminación del suelo y del agua, según lo advertido por CETESB (cetesb.sp.gov.br).
Para dispositivos que almacenan información, como smartphones y computadoras, la limpieza segura de los datos es esencial para prevenir fugas. El servicio de sanitización programada de discos duros electrónicos asegura la destrucción efectiva de la información antes de la eliminación, conforme a las buenas prácticas recomendadas por el NIST (nvlpubs.nist.gov).
Los gestores de las áreas de TI, jurídico y compras deben asegurar que la eliminación de los electrónicos cumpla con las exigencias normativas vigentes, realizando asociaciones con puntos oficiales de recolección y promoviendo campañas internas de concienciación. Este procedimiento minimiza riesgos legales y contribuye a la sostenibilidad corporativa.
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