La creciente demanda por prácticas sostenibles en el sector corporativo impone desafíos específicos en el manejo y disposición adecuada de residuos electrónicos. En São Paulo, la adopción de soluciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) es esencial para garantizar la conformidad legal y la minimización de impactos ambientales y sociales derivados de la disposición de los aparatos electrónicos.
En Brasil, el manejo de residuos electroelectrónicos está regulado principalmente por la Política Nacional de Residuos Sólidos (PNRS), instituida por la Ley nº 12.305/2010, que establece la responsabilidad compartida entre generadores, distribuidores y consumidor final. Además, el Sistema Nacional de Información sobre la Gestión de Residuos Sólidos (SINIR) orienta el control y monitoreo de estas prácticas, conforme a las directrices presentes en sinir.gov.br y mtr.sinir.gov.br.
Para la adopción de soluciones sostenibles y alineadas con ESG, se destacan los siguientes procedimientos:
La Compañía Ambiental del Estado de São Paulo (CETESB) desempeña un papel central en la inspección y fiscalización de las prácticas de disposición, conforme a los reglamentos ambientales estatales (disponibles en cetesb.sp.gov.br). Además, el Ministerio de Medio Ambiente monitorea y actualiza normativas relacionadas a través del portal oficial planalto.gov.br. Normas técnicas internacionales, como las del NIST (National Institute of Standards and Technology), proporcionan parámetros fundamentales para la seguridad de la información y la disposición adecuada de los equipos.
Implementar prácticas ESG en la disposición de electrónicos ofrece beneficios que van desde la reducción del impacto ambiental y la prevención de contaminación del suelo y cuerpos de agua, hasta la mitigación de riesgos legales y reputacionales para las instituciones. Además, la correcta gestión fortalece la gobernanza corporativa y fomenta la economía circular.
La incorporación de soluciones ESG para la disposición de electrónicos en São Paulo es imprescindible para el alineamiento con las legislaciones vigentes y la preservación ambiental. Mediante la adopción de recolección especializada, sanitización segura y prácticas transparentes, las organizaciones pueden contribuir efectivamente a la sostenibilidad y al cumplimiento regulatorio.
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