El mercado de chatarra desempeña un papel fundamental en la cadena de reciclaje y en la gestión de los residuos generados por las actividades industriales y comerciales. Sin embargo, presenta fallas estructurales que perjudican el cumplimiento regulatorio y la sostenibilidad ambiental, resultando en riesgos para la gestión corporativa y para el cumplimiento de la legislación vigente.
Entre las principales fallas estructurales está la informalidad predominante, que dificulta el rastreo y la transparencia de los flujos de materiales reciclables. Además, la ausencia de controles rigurosos favorece prácticas que pueden comprometer la trazabilidad y la segregación correcta de los residuos, culminando en fallas para la cadena de custodia exigida por las normas ambientales y de compliance.
Otro punto crítico es la fragilidad en la integración entre los agentes de la cadena, dificultando la adopción de sistemas de gestión de residuos que cumplan con las exigencias de la Ley nº 12.305/2010, que instituye la Política Nacional de Residuos Sólidos (PNRS). Esta ley determina la responsabilidad compartida por los residuos sólidos, incentivando estructuras formales y procesos controlados.
La ausencia de prácticas estandarizadas y la informalidad en el mercado de chatarra elevan el riesgo de incumplimiento normativo, exponiendo a la organización a penalidades previstas en el ordenamiento jurídico. El Sistema Nacional de Información sobre la Gestión de Residuos Sólidos (SINIR) refuerza la necesidad de documentación detallada y del control de los residuos desde la generación hasta la disposición final.
Es imprescindible la adecuación a los parámetros legales para evitar impactos negativos tanto ambientales como reputacionales. El manejo inadecuado puede acarrear multas, embargos y daños a la imagen, además de comprometer el compromiso con las prácticas de ESG (Environmental, Social, and Governance).
En cuanto a la disposición de equipos electrónicos y medios que contienen datos sensibles, se destaca la importancia de la sanitización adecuada, garantizando la eliminación segura de la información y el cumplimiento de las directrices de protección de datos. Para ello, se recomienda la utilización de servicios especializados en sanitización segura de discos duros y medios.
Para garantizar la correcta disposición y evitar riesgos ambientales, se recomienda agendar con centros autorizados para la recolección responsable de residuos electrónicos, alineados a las normas definidas en la PNRS y por organismos reguladores como la CETESB.
Para corregir las fallas, se señala la necesidad de formalizar los procesos, implementar sistemas de trazabilidad digital y adoptar protocolos que aseguren la conformidad con la legislación ambiental. Además, las políticas internas de compliance deben contemplar el control riguroso del flujo de residuos, respetando los requisitos previstos en el Registro Técnico Federal para entidades generadoras de residuos.
Así, la mitigación de los riesgos jurídicos y ambientales fortalece la gobernanza corporativa, mejora la reputación institucional y contribuye a los objetivos de sostenibilidad.
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