La eliminación inadecuada de residuos puede comprometer seriamente la validez de las certificaciones relacionadas con prácticas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), así como de auditorías internacionales. Las organizaciones que buscan un cumplimiento riguroso deben garantizar que sus prácticas de eliminación estén alineadas con las normativas vigentes para evitar multas, sanciones y daños reputacionales.
Las certificaciones ESG evalúan la sostenibilidad y responsabilidad de las organizaciones en sus procesos internos y externos. La eliminación incorrecta de residuos, especialmente de aquellos considerados peligrosos, viola principios fundamentales de estos criterios, como la gestión ambiental eficiente y el cumplimiento de las legislaciones ambientales.
Esta falla puede conducir a la invalidez de la certificación, dado que el Programa ESG exige comprobación documental y evidencias prácticas del manejo responsable de los residuos.
De acuerdo con la Ley nº 12.305/2010, que instituyó la Política Nacional de Residuos Sólidos (PNRS), la gestión adecuada de los residuos es obligatoria para todas las organizaciones. El artículo 33 destaca la responsabilidad compartida por el ciclo de vida de los productos, imponiendo obligaciones en la correcta disposición de los desechos.
El incumplimiento de esta legislación puede acarretar sanciones administrativas y judiciales que impactan directamente en los resultados de las auditorías externas y en la certificación ESG.
Las auditorías internacionales, muchas veces basadas en normas ISO y estándares globales de sostenibilidad, supervisan detalladamente los procesos de gestión de residuos electrónicos. La eliminación inadecuada de componentes electrónicos puede resultar en contaminación ambiental y fuga de datos sensibles.
Para mitigar estos riesgos, se recomienda contratar servicios especializados en recolección de residuos electrónicos que garantizan la correcta disposición de los materiales, proporcionando comprobación documental válida para auditorías rigurosas.
Además del impacto ambiental, la eliminación incorrecta de medios digitales, como discos duros, representa riesgos legales relacionados con la protección de datos y la privacidad. La legislación brasileña, incluyendo la Ley General de Protección de Datos (LGPD) - Ley nº 13.709/2018, establece directrices para el tratamiento y eliminación segura de esta información.
Por lo tanto, la sanitización de discos duros y otros dispositivos digitales deben ser llevadas a cabo por empresas especializadas para garantizar la inactividad de los datos y evitar penalizaciones legales que invaliden certificaciones y auditorías.
Las auditorías internacionales requieren evidencias de conformidad con regulaciones nacionales e internacionales para validar las prácticas ESG. La documentación de procesos, contratos con proveedores conformes y reportes técnicos son esenciales para demostrar la eliminación responsable.
Por lo tanto, el seguimiento de la cadena de residuos, especialmente los electrónicos, es crucial para el cumplimiento pleno de los criterios establecidos, evitando la desaprobación en auditorías y la consecuente invalidez de las certificaciones.
La eliminación inadecuada representa un riesgo significativo para el mantenimiento de las certificaciones ESG y resultados positivos en auditorías internacionales. La observancia integral de las legislaciones ambientales y de protección de datos, junto con la contratación de servicios especializados en recolección y sanitización, garantiza la seguridad jurídica y reputacional de las organizaciones.
La práctica responsable en la gestión de residuos es indispensable para el cumplimiento de las metas de sostenibilidad y gobernanza, asegurando conformidad en todas las instancias de evaluación.
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