Descarte corporativo y responsabilidad administrativa: límites y obligaciones de la junta directiva

Responsabilidad de la dirección en la gestión corporativa de desechos

La responsabilidad administrativa de la dirección implica la gestión adecuada de la disposición de los residuos generados por las actividades organizacionales, conforme lo establecido por la legislación ambiental brasileña. La Resolución CONAMA nº 307/2002 define los procedimientos para la gestión de residuos, mientras que la Política Nacional de Residuos Sólidos (Ley nº 12.305/2010) determina directrices para la administración sostenible.

Límites legales para la gestión de residuos

La dirección debe garantizar el cumplimiento de los límites establecidos por la legislación ambiental, no solo para evitar sanciones administrativas y penales previstas en el Decreto nº 6.514/2008, sino también para asegurar la conformidad con las normas de seguridad laboral y salud ambiental.

Obligaciones específicas de la alta administración

Entre las obligaciones de la dirección están: implementar sistemas internos de segregación y almacenamiento adecuado de residuos; contratar servicios especializados para la correcta disposición, incluyendo la disposición de equipos tecnológicos, conocida como recolección de basura electrónica; y adoptar políticas para la sanitización de medios y dispositivos de almacenamiento con seguridad, resguardando información sensible.

Documentación y fiscalización

La alta administración debe mantener la trazabilidad de todo el proceso de disposición, con la emisión de documentos comprobatorios del destino correcto y el cumplimiento de las normas NBR ISO 14001, que orientan la gestión ambiental. Además, corresponde a la dirección asegurar que las auditorías y fiscalizaciones - internas y externas - estén al día, evitando riesgos legales y daños a la reputación institucional.

Conclusión

La implementación rigurosa de las obligaciones relacionadas con la disposición y la responsabilidad administrativa de la dirección conforman una práctica indispensable para la sostenibilidad e integridad organizacional. El cumplimiento de las normativas vigentes posibilita la mitigación de riesgos ambientales y legales, alineando la gestión con el desarrollo sostenible.