Eliminación de electrónicos en contratos públicos: obligaciones, riesgos y sanciones en la administración pública

Introducción

La eliminación de equipos electrónicos en la administración pública debe observar estrictas normas legales y regulatorias, con el fin de garantizar la protección ambiental, la seguridad de la información y el cumplimiento contractual. Este artículo aborda las obligaciones, riesgos y penalidades relacionadas con el manejo de estos residuos en contratos públicos, basándose en legislaciones vigentes y directrices oficiales.

Obligaciones legales en la eliminación de equipos electrónicos

La Ley nº 12.305/2010 instituye la Política Nacional de Residuos Sólidos (PNRS), que define responsabilidades en cuanto a la gestión adecuada de residuos electroelectrónicos. Para los órganos públicos, la eliminación debe seguir los planes de gestión establecidos por las administraciones, contemplando la recolección selectiva, el transporte y la disposición final ambientalmente adecuada.

De acuerdo con el agendamiento para recolección de equipos electrónicos, la eliminación debe ser planificada previamente, garantizando que el proceso sea realizado por entidades habilitadas, asegurando conformidad con normas ambientales y la logística inversa prevista en el artículo 33 de la PNRS.

Riesgos relacionados con la eliminación inadecuada

El manejo incorrecto puede ocasionar daños ambientales, incluyendo la contaminación del suelo y del agua por sustancias peligrosas presentes en los electrónicos, como metales pesados. Además, existen riesgos para la seguridad de la información, cuando datos almacenados en dispositivos como discos duros no son debidamente eliminados.

Para mitigar tales riesgos, se destaca la importancia de eliminar datos de medios de forma segura, conforme a las mejores prácticas de sanitización digital, protegiendo información sensible y cumpliendo normas de seguridad cibernética, como las indicadas por el NIST (National Institute of Standards and Technology) en Guidelines for Media Sanitization.

Penalidades aplicables en la administración pública

El incumplimiento de las obligaciones legales puede acarrear sanciones administrativas previstas en el Decreto nº 10.936/2022, reglamentador de la PNRS en el sector público, incluyendo advertencias, multas e impedimentos contractuales. La responsabilidad civil y penal también es posible en casos de dolo o negligencia, conforme a lo previsto en el Código Penal y en la Ley de Improbidad Administrativa (Ley nº 8.429/1992).

Además, los contratos firmados por la administración pública deben contener cláusulas específicas que determinen responsabilidades y garanticen el monitoreo de las etapas de la eliminación, evitando riesgos jurídicos y estructurando mecanismos de control y auditoría.

Procedimientos recomendados para órganos públicos

Los gestores públicos deben priorizar la planificación detallada de la eliminación, incluyendo la contratación de prestadores habilitados y el uso de soluciones certificadas para la destrucción o reutilización de equipos. La adopción de prácticas sostenibles y el seguimiento constante de los procesos contribuyen a la minimización de los impactos ambientales y legales.

Se recomienda también la capacitación continua de equipos internos sobre legislación, seguridad de la información y procedimientos ambientales, promoviendo una cultura de cumplimiento y responsabilidad socioambiental en el servicio público.

Consideraciones finales

La eliminación adecuada de equipos electrónicos en contratos públicos es fundamental para la sostenibilidad ambiental y la seguridad de los datos gubernamentales. La observancia de las normas legales proporciona mayor transparencia, reduce riesgos y promueve la eficiencia en la gestión pública, alineándose con las directrices de la Política Nacional de Residuos Sólidos y con los parámetros de seguridad recomendados.