El descarte incorrecto de aparatos electrónicos constituye un crimen ambiental en la legislación brasileña, impactando el medio ambiente y la salud pública. Las sanciones varían de un estado a otro, reflejando la actuación de las autoridades ambientales en el control e imposición de multas.
El Decreto nº 10.240/2020 reglamenta la Política Nacional de Residuos Sólidos (Ley nº 12.305/2010), estableciendo directrices para la gestión de residuos electrónicos. Según el artículo 54 de la Ley nº 9.605/1998, el descarte irregular puede acarrear sanciones penales y administrativas, incluyendo multas y hasta prisión.
Datos oficiales de Sistema Nacional de Información de Gestión de Residuos Sólidos (SINIR) muestran que los estados con mayor concentración poblacional, como São Paulo y Río de Janeiro, presentan un elevado número de infracciones relacionadas con el descarte inadecuado de electrónicos. Los estados del Norte, por otro lado, tienen un menor número de infracciones, pero tienen dificultades estructurales cuando se trata de hacer cumplir la ley.
Según informaciones de la Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), las multas pueden llegar a cientos de miles de reales, dependiendo de la gravedad de la infracción y de la cantidad de residuos desechados irregularmente. Otros estados adoptan regímenes similares, establecidos por sus respectivas legislaciones ambientales.
Para mitigar los impactos ambientales y evitar sanciones, se recomienda utilizar servicios especializados en recogida de residuos electrónicos, que garantizan una logística inversa correcta y de acuerdo con la legislación vigente.
Además de una eliminación adecuada desde el punto de vista medioambiental, es fundamental garantizar la destrucción segura de los datos almacenados en discos duros y otros soportes digitales accediendo a eliminación segura de soportes electrónicos para protegerse de las filtraciones de información sensible.
El control y la aplicación estricta de la eliminación irregular de productos electrónicos es esencial para la preservación del medio ambiente. El conocimiento de las multas y delitos ambientales por estado refuerza la necesidad de prácticas responsables, acordes con la legislación vigente, orientadas a la sostenibilidad y al cumplimiento de la normativa ambiental.
El control y la aplicación estricta de la eliminación irregular de productos electrónicos es esencial para la preservación del medio ambiente.
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