La gobernanza ejecutiva del fin de vida abarca las directrices, responsabilidades y procesos necesarios para gestionar adecuadamente los activos que alcanzan el final de su utilidad operativa. En grandes organizaciones y multinacionales, la implementación de una estructura mínima para dicha gobernanza es crucial para asegurar el cumplimiento normativo, la seguridad de la información y la sostenibilidad ambiental.
El marco legal brasileño exige que las organizaciones cumplan normas para el tratamiento, descarte y disposición final de los activos que han completado su ciclo de uso. La Ley nº 12.305/2010, que instituye la Política Nacional de Residuos Sólidos (PNRS), es la base normativa principal, disponiendo sobre responsabilidad compartida y logística inversa, ampliamente aplicable al ciclo de vida de los equipos y sus componentes.
Además, siguiendo los preceptos del Sistema Nacional de Información sobre la Gestión de los Residuos Sólidos (SINIR), conforme a sinir.gov.br, es necesario el correcto registro e informes de las acciones realizadas, garantizando transparencia y auditoría eficaz.
1. Comité de Gestión del Fin de Vida: debe ser formalmente constituido con miembros de los sectores de ESG, TI, Jurídico, EHS y Compras, responsables de definir políticas, aprobar planes y acompañar indicadores de desempeño.
2. Política formal e integrada: un documento orientador que establezca responsabilidades, procesos y metas relacionadas con la desactivación y disposición de los activos.
3. Mapeo e inventario: registro actualizado de los activos que están próximos al fin de vida para permitir planificación estratégica, incluyendo categorías específicas que demanden atención especial, como equipos con datos sensibles.
4. Procedimientos operativos estándar (POPs): estandarización de los procesos para descarte seguro, protección de la información y cumplimiento ambiental.
5. Capacitación continua: entrenamiento dirigido a los equipos involucrados, enfatizando cumplimiento legal y mejores prácticas sostenibles.
El descarte seguro de los medios con información crítica es obligatorio. La norma NIST Special Publication 800-88 Revision 1, referencia internacional, orienta sobre métodos rigurosos de sanitización que previenen la recuperación no autorizada de los datos. En Brasil, el alineamiento de estas prácticas es indispensable para evitar riesgos jurídicos y operativos.
Para la correcta y segura eliminación de datos en discos duros y otros medios, se recomienda la contratación de servicios especializados que actúen con rigor técnico, detallados en el sitio referente a la disposición segura de HDD y medios.
El descarte adecuado según los preceptos ambientales exige la disposición de residuos electrónicos conforme a las normas vigentes. Es fundamental la integración con cooperativas y operadores licenciados para garantizar la cadena de custodia de los materiales. Para viabilizar la recolección programada y adecuada de los activos electrónicos, la programación puede realizarse vía plataforma especializada en recolección y disposición de residuos electrónicos.
Se destaca que el cumplimiento de la legislación ambiental, con énfasis en las resoluciones de la CETESB e instrucciones de la Cámara de Diputados, también promueve la reputación institucional y reduce pasivos ambientales.
La gobernanza también debe prever mecanismos de monitoreo y auditoría periódica para asegurar la adhesión a las políticas internas y requisitos legales, con reportes gerenciales que respalden la mejora continua del programa de gestión del fin de vida.
Además, el análisis de indicadores estratégicos posibilita el ajuste de las acciones para eficiencia operativa, mitigación de riesgos y optimización de los costos involucrados.
Implantar una estructura mínima de gobernanza ejecutiva del fin de vida en grandes organizaciones y multinacionales es fundamental para garantizar la sostenibilidad, seguridad de la información y cumplimiento normativo. El enfoque debe estar en la formalización de los procesos, la participación multidisciplinaria y el uso de tecnologías avanzadas para garantizar la integridad de los datos y la adecuada disposición ambiental de los activos desactivados.
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