La eliminación ambientalmente correcta está guiada por la Política Nacional de Residuos Sólidos (PNRS), instituida por la Ley nº 12.305/2010 (Planalto.gov.br), que establece la responsabilidad compartida por el ciclo de vida de los residuos. La correcta disposición evita impactos ambientales y se adhiere a las normativas vigentes.
Según la Ley nº 12.305/2010, el generador está obligado a garantizar la segregación adecuada de los residuos y su encaminamiento conforme a las especificaciones técnicas determinadas por los organismos ambientales. La gestión adecuada incluye la implementación de sistemas de logística inversa cuando sea aplicable.
El Decreto nº 10.240/2020 complementa la PNRS en lo que respecta a los residuos electroelectrónicos, especificando directrices para la recolección, transporte y disposición final ambientalmente adecuada. Para asegurar el cumplimiento, se deben priorizar métodos certificados de remoción y reciclaje. Para agendar la recolección especializada, se recomienda utilizar servicios específicos disponibles, como recolección de basura electrónica.
Garantizar la destrucción o sanitización segura de dispositivos como discos duros (HDs) es fundamental para la preservación de datos y cumplimiento legal, conforme a las ordenanzas del Ministerio del Medio Ambiente y directrices de seguridad de la información. Se ofrece agendamiento para procesos certificados en sanitización segura de HD.
El Sistema Nacional de Información sobre la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (SINIR) (sinir.gov.br) ofrece parámetros para la clasificación y tratamiento de los residuos, incluyendo rutas de disposición y requisitos para transportistas y receptores con licencia. Se destaca la necesidad de documentación comprobatoria de la disposición correcta para la fiscalización ambiental.
El incumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas por la legislación vigente puede resultar en sanciones administrativas previstas en la Ley nº 9.605/1998 (Planalto.gov.br), que trata sobre los delitos ambientales, incluyendo multas, embargo e incluso responsabilidad penal.
El cumplimiento de las normas ambientales para la eliminación es obligatorio y contribuye a la protección del medio ambiente y a la seguridad de la información. Seguir las orientaciones de las fuentes oficiales y utilizar canales certificados asegura conformidad y mitiga riesgos legales y ambientales.
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