La gestión adecuada de los residuos electrónicos es esencial para mitigar impactos ambientales y garantizar conformidad legal para TI y Facilities. La logística inversa, prevista en la Política Nacional de Residuos Sólidos (Ley nº 12.305/2010), impone responsabilidades para el manejo correcto de los equipos electrónicos obsoletos.
La Ley nº 12.305/2010 establece la obligatoriedad de la logística inversa para residuos electrónicos, conforme a su Art. 33, detallando que fabricantes, importadores, distribuidores y comerciantes respondan por el retorno de los productos después de su uso. Además, la resolución CONAMA nº 401/2008 regula el tratamiento y la disposición final de residuos sólidos, incluyendo residuos electrónicos.
Identificar los tipos y volúmenes de equipos electrónicos obsoletos y sus lugares de almacenamiento. Esto permite la planificación eficiente de la recolección.
Establecer directrices claras, comunicando a los stakeholders y alineando los departamentos de TI y Facilities para el compromiso corporativo.
Contratar proveedores autorizados para la recolección de residuos electrónicos, garantizando la disposición ambientalmente correcta y la trazabilidad de los residuos.
Definir lugares seguros y organizados para la guarda temporal, evitando contaminación y daño a los componentes.
Implementar procesos de limpieza de datos en unidades de almacenamiento, utilizando servicios homologados de eliminación segura de discos duros y medios, para asegurar la protección de la información.
Mantener registros detallados del flujo del residuo electrónico, desde el origen hasta la disposición final, conforme a lo exigido por la Ley nº 12.305/2010.
Es imprescindible la correcta capacitación de los equipos para asegurar la conformidad con las normas ambientales y de seguridad de la información. La logística inversa contribuye al cumplimiento de las obligaciones legales, evitando multas y sanciones ambientales previstas en regulaciones federales.
Los directores de TI y Facilities deben estructurar procesos claros de logística inversa, involucrando evaluación, almacenamiento, contratación de servicios especializados y registros rigurosos. Esta práctica asegura sostenibilidad, protección de datos y alineamiento con la legislación vigente.
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