La logística inversa es un componente obligatorio para los órganos públicos, alineada con las directrices de sostenibilidad y normativas vigentes. El cumplimiento de estas exigencias contribuye no solo a la conformidad legal, sino también a la reducción de impactos ambientales derivados del ciclo de vida de los productos adquiridos mediante licitaciones públicas.
La implementación de la logística inversa en órganos públicos está respaldada por la legislación federal, destacándose la Ley nº 12.305/2010, que instituye la Política Nacional de Residuos Sólidos (PNRS). Conforme al artículo 33, los entes públicos tienen responsabilidad compartida por el ciclo de vida de los productos, exigiendo la adopción de sistemas de logística inversa.
Además de la PNRS, instrucciones normativas y decretos regulan especificidades para licitaciones sostenibles, como el Decreto nº 10.936/2022, que refuerza criterios ambientales en los procesos licitatorios, garantizando la priorización de proveedores que demuestren sistemas eficaces de recolección y disposición adecuada de los residuos.
Para atender a las exigencias, los órganos públicos deben insertar cláusulas específicas en los pliegos que condicionen la participación a la presentación de planes de logística inversa. Tales planes deben contener metas para la recolección, transporte y disposición correcta de los residuos generados, especialmente relacionados con electrónicos y medios de almacenamiento.
Se recomienda la adopción de protocolos para la recolección segura, como el proceso de programación para recolección electrónica, garantizando transparencia y trazabilidad en el flujo de residuos hasta su disposición final ambientalmente adecuada.
Los órganos públicos, al enviar medios con información sensible para descarte, deben observar la norma de saneamiento que asegura la eliminación completa de los datos. El procedimiento correcto evita riesgos de exposición y está contemplado en documentos técnicos y de seguridad de la información.
Para garantizar esta seguridad, se recomienda la utilización de servicios especializados en saneamiento de medios y equipos, siguiendo recomendaciones técnicas del NIST (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de EE.UU.) y orientaciones presentes en legislaciones brasileñas.
El seguimiento continuo de los procesos de logística inversa es fundamental para asegurar el cumplimiento de las directrices y el desempeño ambiental deseado. Los órganos públicos deben instituir auditorías regulares, informes de desempeño e indicadores sostenibles.
Es importante que el gestor público cuente con consultorías ambientales y de gestión de residuos que estén alineadas con la Política Nacional de Residuos Sólidos y utilicen referencias como la CETESB para mejores prácticas.
El cumplimiento de los criterios de logística inversa en licitaciones públicas demuestra compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad administrativa. La observancia de las normativas vigentes y la adopción de procesos seguros, transparentes y eficientes contribuyen a la reducción del impacto ambiental y a mayores beneficios sociales.
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