El mercado informal representa una desviación significativa de las normas legales vigentes, especialmente en lo que respecta a la disposición de residuos y prácticas ambientales. Las grandes organizaciones no pueden alegar desconocimiento sobre estas actividades, dado que la legislación brasileña impone responsabilidades claras relacionadas con la cadena productiva, la gestión de residuos y el cumplimiento ambiental.
La Ley nº 12.305/2010 establece la Política Nacional de Residuos Sólidos (PNRS), que exige a los gestores la implementación de la logística inversa y la disposición adecuada de residuos. Esta legislación determina obligaciones para los generadores, distribuidores y operadores, con el fin de cerrar el ciclo de vida de los materiales y mitigar los impactos ambientales.
Además, el Decreto nº 10.936/2022 regula aspectos operativos de la logística inversa, reforzando la responsabilidad compartida y la necesidad de transparencia en la cadena productiva.
Mantener relaciones comerciales u operativas con agentes informales, especialmente en el contexto de la disposición inadecuada de equipos electrónicos y medios, aumenta el riesgo jurídico de sanciones, multas e incluso procesos penales. Conforme al artículo 54 de la Ley nº 9.605/1998, las infracciones ambientales pueden resultar en sanciones severas.
Invertir en servicios certificados de recolección de residuos electrónicos asegura el cumplimiento de las normas y reduce la exposición a responsabilidades legales. Las empresas deben garantizar que sus residuos sean manejados conforme a la legislación, evitando la perpetuación del mercado informal.
Debido a la confidencialidad y protección de datos, la disposición de dispositivos de almacenamiento requiere procesos seguros. La utilización de servicios especializados en disposición segura de HD y medios es fundamental para mitigar riesgos jurídicos relacionados con fugas de información y garantizar el cumplimiento de la Ley General de Protección de Datos (Ley nº 13.709/2018).
No reconocer el mercado informal y sus efectos constituye una falla grave en la gobernanza corporativa y expone a grandes organizaciones a penalizaciones muy serias. Conocer y cumplir la legislación vigente es imperativo para la sostenibilidad jurídica y ambiental.
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