El sector jurídico desempeña un papel crucial en la gestión del ciclo de fin de vida de los equipos y dispositivos, garantizando el cumplimiento legal y la mitigación de riesgos relacionados con la responsabilidad. La ausencia de controles jurídicos adecuados puede resultar en sanciones significativas, impactando la reputación y la sostenibilidad del proceso.
La comprensión de las normativas vigentes es fundamental para la definición de los controles mínimos necesarios. Destacan la Ley nº 12.305/2010, que instituye la Política Nacional de Residuos Sólidos (PNRS), y el Decreto nº 10.936/2022, que regula aspectos específicos del ciclo de vida de los residuos electrónicos en el ámbito del Sistema Nacional de Información sobre la Gestión de Residuos Sólidos (SINIR) (sinir.gov.br).
Para evitar la responsabilidad, el área jurídica debe asegurar la existencia y documentación adecuada de:
El incumplimiento de las obligaciones legales puede ocasionar:
Se recomienda el establecimiento de auditorías internas periódicas para validar el cumplimiento del ciclo de fin de vida. Además, el área jurídica debe mantener actualizada el análisis regulatorio conforme a las modificaciones legislativas y decisiones administrativas.
El soporte en logística inversa, junto con plataformas gubernamentales y privadas calificadas, también asegura la trazabilidad y la transparencia necesarias. Para la programación de la recogida de equipos electrónicos obsoletos, utilice servicios especializados, por ejemplo, a través de recolección de residuos electrónicos.
El área jurídica debe integrarse al proceso del ciclo de fin de vida con controles mínimos robustos, promoviendo el cumplimiento legal y evitando responsabilidades que comprometan la operación y la gobernanza ambiental.
Al elegir nuestros servicios, estás contribuyendo a un futuro más verde y limpio. Además, puede estar seguro de que sus residuos electrónicos serán eliminados adecuadamente, sin dañar el medio ambiente.
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