La disposición correcta de fuentes de energía portátiles es esencial para el cumplimiento de la legislación ambiental vigente y para la reducción de riesgos de contaminación del suelo y del agua. Este artículo presenta las directrices técnicas basadas en la legislación brasileña para el manejo adecuado de estos residuos, destacando los procedimientos que evitan sanciones legales.
El Decreto nº 10.936/2022 regula el Sistema Nacional de Información sobre la Gestión de Residuos Sólidos (SINIR) y establece responsabilidades para el manejo adecuado de residuos, incluidas las fuentes portátiles de energía.
Además, la Ley nº 12.305/2010 instituye la Política Nacional de Residuos Sólidos (PNRS), que determina la responsabilidad compartida por el ciclo de vida de los productos, desde la cadena productiva hasta la disposición final.
La disposición inadecuada puede conducir a la contaminación por metales pesados y componentes tóxicos, contraviniendo las normas ambientales y pudiendo generar multas previstas en la legislación ambiental federal y estatal, como se establece en la Ley nº 9.605/1998 (Ley de Delitos Ambientales).
El procedimiento adecuado implica la segregación, almacenamiento temporal en lugares seguros y envío a puntos de recolección específicos autorizados por el órgano ambiental competente.
Para facilitar la disposición y evitar multas, se recomienda el uso de servicios especializados de recolección de residuos electrónicos, que realizan la disposición ambientalmente adecuada y certificada.
Durante el almacenamiento, se debe evitar daños físicos o fugas que puedan comprometer la seguridad de los trabajadores y el medio ambiente. El inventario y la documentación de los residuos generados deben mantenerse conforme a lo previsto en el SINIR (sinir.gov.br).
El incumplimiento de las normas puede resultar en sanciones administrativas y multas aplicadas por los órganos ambientales federales y estatales, conforme a lo establecido en la Ley nº 9.605/1998 y en los decretos correlatos.
Por lo tanto, es imprescindible que la disposición se realice con base en procesos técnicos y legales aprobados, reduciendo riesgos legales y ambientales.
Para garantizar conformidad y seguridad en la disposición final, utilice plataformas oficiales que realizan recolección de residuos electrónicos con certificación ambiental.
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