La incorporación de la destinación final de los activos en las políticas internas de riesgo corporativo es fundamental para el cumplimiento de las normas regulatorias y para la mitigación de los riesgos ambientales, técnicos y jurídicos asociados a la gestión inadecuada de estos bienes. La conformidad con la legislación vigente asegura la integridad operativa y la reputación institucional, reduciendo pasivos ambientales e implicaciones legales.
Según lo establecido en la Ley nº 12.305/2010, que instituye la Política Nacional de Residuos Sólidos, y los reglamentos del Sistema Nacional de Información sobre la Gestión de Residuos Sólidos (SINIR) (sinir.gov.br), la destinación final de activos debe realizarse de manera ambientalmente adecuada y registrarse en documentos internos corporativos para garantizar trazabilidad y responsabilidad.
La ausencia de políticas claras sobre la destinación final de los activos puede generar impactos significativos, tales como riesgos ambientales por la disposición incorrecta, riesgos cibernéticos relativos al tratamiento inadecuado de medios digitales que contienen datos sensibles y riesgos jurídicos derivados del incumplimiento de las normas. Para medios y equipos con datos sensibles, son imprescindibles procesos seguros de limpieza y sanitización, como los indicados en sanitización de HD.
Integrar la destinación final de los activos en las políticas internas de riesgo corporativo permite la creación de un marco robusto que asegura el control de los riesgos ambientales, legales y operativos. Las políticas deben prever criterios para la identificación, segregación, almacenamiento, transporte y desecho final de los activos conforme a las normas técnicas y ambientales vigentes.
Es recomendable que las políticas internas detallen los procedimientos para la recolección, destinación y desecho adecuado de los equipos, privilegiando prácticas certificadas y ambientalmente responsables. Para equipos electrónicos, la utilización de sistemas de recolección de residuos electrónicos regulados asegura conformidad y mitigación de riesgos.
El monitoreo continuo y auditorías periódicas garantizan la efectividad de las políticas internas, permitiendo ajustes basados en aspectos legales actualizados, como las directrices del Ministerio de Medio Ambiente (MMA) y de los órganos ambientales estatales, como la CETESB (cetesb.sp.gov.br).
El registro expresa de la destinación final de los activos en las políticas internas de riesgo corporativo es imprescindible para asegurar conformidad legal, proteger información sensible, minimizar impactos ambientales y fortalecer la gobernanza corporativa. La adopción de estas prácticas promueve la sostenibilidad y la responsabilidad socioambiental, factores decisivos para la continuidad y credibilidad organizacional.
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