El mercado informal dificulta la comprobación del destino correcto de los residuos, comprometiendo procedimientos y exigencias legales previstas en la Política Nacional de Residuos Sólidos (Ley nº 12.305/2010). Sin documentación adecuada emitida por agentes registrados, la trazabilidad y la transparencia se vuelven inviables, perjudicando el control y la fiscalización ambiental.
La ausencia de pruebas válidas del destino imposibilita el cumplimiento legal, aumenta el riesgo de multas y sanciones administrativas por la falta de comprobación ante los órganos ambientales, además de afectar informes de sostenibilidad y gobernanza corporativa. La gobernanza exige procesos auditables y seguros para garantizar la responsabilidad socioambiental.
El mercado informal está relacionado con prácticas clandestinas que pueden culminar en una disposición inadecuada, contaminación y riesgos para la salud pública. Además, existe riesgo de involucramiento en delitos ambientales conforme a lo definido en la Ley nº 9.605/1998. La correcta destinación residencial o industrial debe seguir las normas del Sistema Nacional de Información sobre la Gestión de Residuos Sólidos (SINIR) para garantizar legalidad.
La trazabilidad es un elemento esencial para la cadena de responsabilidad; sólo los procesos formales y regulados aseguran la generación de certificados o comprobantes que permiten demostrar el destino adecuado de los residuos. La legislación refuerza la necesidad de bases documentales y tecnológicas robustas para el control.
Cuando se trata de descarte seguro de materiales electrónicos, especialmente para artículos que contienen datos sensibles, el proceso debe garantizar la sanitización de HD y medios, previniendo fugas de información. Además, la logística debe ser realizada por proveedores certificados que garanticen el cumplimiento ambiental y jurídico conforme a las especificaciones del agendamiento para la recolección de basura electrónica.
El mercado informal compromete la gobernanza corporativa y el cumplimiento ambiental al impedir la prueba documental del destino correcto. La adopción de soluciones formales, trazables y certificadas es imprescindible para garantizar responsabilidad, transparencia y seguridad jurídica en la gestión de los residuos.
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