La gestión inadecuada de los equipos de tecnología de la información (TI) dados de baja puede generar pasivos jurídicos significativos debido a la actuación de la cadena informal de descarte. La responsabilidad ampliada recae sobre el titular de los activos, exigiendo conformidad con normas ambientales y de protección de datos.
Conforme a la Ley nº 12.305/2010, que establece la Política Nacional de Residuos Sólidos, la gestión del descarte de residuos electroelectrónicos debe observar una cadena logística inversa formalizada. La actuación de actores informales compromete la trazabilidad y aumenta los riesgos de daños ambientales y de filtración de información confidencial, configurando un pasivo jurídico para la organización remanente de los equipos.
Además de los riesgos ambientales, la seguridad de la información es un punto crítico. La legislación brasileña, incluyendo la Ley General de Protección de Datos (LGPD - Ley nº 13.709/2018), determina que la información personal y sensible debe protegerse durante todo el ciclo de vida de los datos. La reutilización o descarte inadecuado de medios digitales, como discos duros (HDs), requiere procesos certificados de destrucción para mitigar riesgos legales. Para procesos especializados de descarte seguro, consulte descarte seguro de HD y medios.
La cadena informal de manejo y descarte ilegal potencializa riesgos ambientales, como la contaminación del suelo y del agua por sustancias tóxicas presentes en los equipos electrónicos, además de riesgos legales por violación de normas ambientales previstas en el Decreto nº 10.936/2022 y demás regulaciones correlatas. El incumplimiento gestiona no solo multas, sino obligaciones ambientales que pueden generar pasivos financieros y reputacionales.
Para mitigar riesgos jurídicos, es imprescindible la adopción de políticas internas rigurosas para el descarte y reutilización de activos de TI dados de baja. La contratación de prestadores de servicios certificados y formalizados que actúen en la cadena inversa permite la generación de documentos comprobatorios. Además, se debe priorizar la recolección reglamentada de residuos electroelectrónicos para garantizar el cumplimiento ambiental y jurídico, conforme al enfoque del sitio recolección especializada de electrónicos.
El riesgo jurídico ampliado a la gestión de TI dada de baja se relaciona directamente con la cadena informal que promueve el descarte inadecuado, comprometiendo a la organización remanente de los activos por daños ambientales y filtración de datos. La conformidad legal, basada en normas ambientales y de seguridad de la información, es imperativa para la mitigación de estos pasivos.
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