Este artículo analiza la elaboración de políticas internas para la eliminación de hardware, en línea con las prácticas de ESG, de acuerdo con la legislación vigente. Destaca normas, directrices y buenas prácticas para la gestión segura y sostenible de dispositivos electrónicos obsoletos, incluyendo la eliminación responsable y la higienización segura de soportes.
Una política interna estructurada garantiza el cumplimiento de la legislación medioambiental, la protección de datos sensibles y el compromiso con la sostenibilidad. La eliminación inadecuada de los equipos electrónicos puede conllevar riesgos medioambientales y legales, además de poner en peligro la reputación institucional.
De acuerdo con Ley nº 12.305/2010, que establece la Política Nacional de Residuos Sólidos (PNRS), la eliminación de residuos electrónicos debe cumplir con los principios de reducción, reutilización y reciclaje, con responsabilidad compartida entre generadores y destinatarios.
Además, los dispositivos que contengan datos personales deben seguir la normativa de la Ley General de Protección de Datos (Ley nº 13.709/2018), garantizando la higienización segura de los soportes para evitar fugas.
La política debe incluir pasos claros: identificación e inventario de equipos obsoletos, clasificación según potencial de riesgo ambiental y de datos, procedimientos de eliminación responsable y protocolos de certificación de destrucción o reciclaje.
Es fundamental establecer directrices para la recogida de residuos electrónicos, contratando servicios especializados que garanticen el cumplimiento ambiental y normativo. En el caso de soportes que almacenen información confidencial, se recomienda una higienización segura, de acuerdo con las directrices específicas para eliminación segura de discos duros y soportes.
La adopción de prácticas alineadas con las ASG implica compromisos medioambientales, sociales y de gobernanza. Desde el punto de vista medioambiental, la gestión sostenible de los equipos electrónicos obsoletos reduce los impactos negativos, ayuda al cumplimiento del PNRS y demuestra la responsabilidad corporativa.
Desde el punto de vista social, la política preserva la integridad de los datos personales, respeta los principios de gobernanza de datos y contribuye a la salud pública al evitar la contaminación por residuos peligrosos para el medio ambiente.
Para garantizar la eficacia, es necesario implantar controles sistemáticos, con auditorías periódicas para evaluar el cumplimiento y actualizar la política en función de la legislación vigente y los avances tecnológicos.
Los programas de formación interna promueven la concienciación de los empleados implicados en el proceso, haciendo hincapié en la importancia de la correcta eliminación para la sostenibilidad y la seguridad de los datos.
La política interna de eliminación de hardware debe ser un instrumento vivo, adaptable y respaldado por la legislación, alineado con las mejores prácticas técnicas y los compromisos ASG. Invertir en una política de este tipo reduce los riesgos ambientales y legales, refuerza la gobernanza y demuestra responsabilidad social y ambiental.
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