El descarte adecuado de activos desmovilizados de tecnología en multinacionales ubicadas en São Paulo debe observar las normas vigentes establecidas por la Política Nacional de Residuos Sólidos (Ley nº 12.305/2010), que instituye directrices para la gestión integrada y el manejo ambientalmente adecuado de los residuos. El acondicionamiento, transporte y destino final de estos residuos deben respetar las exigencias del Sistema Nacional de Información sobre la Gestión de Residuos Sólidos (SINIR), conforme a lo dispuesto en el Decreto nº 10.936/2022.
La gestión de los residuos tecnológicos debe asegurar su correcta segregación, evitando la contaminación cruzada y facilitando el tratamiento y la recuperación de materiales. De acuerdo con CETESB (Compañía Ambiental del Estado de São Paulo), los equipos electrónicos desmovilizados son considerados residuos especiales y están sujetos al Plan Estatal de Residuos Sólidos (PERS), que orienta prácticas ambientales sostenibles y el cumplimiento de la legislación estatal complementaria.
La realización de la recolección selectiva de residuos electrónicos en unidades multinacionales es imprescindible para garantizar la conformidad ambiental y legal. El descarte inadecuado puede generar impactos negativos significativos, como contaminación del suelo, cuerpos hídricos y riesgos a la salud pública debido a la presencia de metales pesados y sustancias tóxicas.
Los dispositivos de almacenamiento, como discos duros (HDs), demandan procedimientos rigurosos de sanitización para asegurar la eliminación completa de los datos confidenciales. Conforme a las orientaciones de la sanitización segura de HD, la destrucción física o métodos certificados de desmagnetización son técnicas necesarias para mitigar riesgos de filtración de información estratégica, conforme lo preconizado por el Marco Civil de Internet (Ley nº 12.965/2014) y demás normativas de protección de la información.
Los responsables del manejo de los activos tecnológicos deben mantener registros actualizados de todo el procedimiento de descarte, incluyendo facturas, informes técnicos y comprobantes de destino final, como previsto en la Resolución CONAMA nº 401/2008. Estos documentos aseguran la trazabilidad y la transparencia en las operaciones, además de ser esenciales para auditorías internas y conformidad con los órganos fiscalizadores.
El descarte de activos desmovilizados de tecnología debe tratarse con rigor técnico y legal, garantizando la seguridad ambiental y la protección de los datos. La adopción de prácticas sostenibles y el cumplimiento de la legislación vigente aseguran la responsabilidad corporativa y la mitigación de impactos negativos derivados del ciclo de vida de los equipos.
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