La correcta eliminación de activos fijos tecnológicos en São Paulo exige cumplir con la legislación y técnicas específicas para la protección de datos y el medio ambiente.
El tratamiento de equipos tecnológicos desechados debe seguir la Política Nacional de Residuos Sólidos (Ley nº 12.305/2010, disponible en planalto.gov.br), que establece la responsabilidad compartida entre generadores, transportistas, comerciantes y recicladores. A nivel estatal, CETESB (Compañía Ambiental del Estado de São Paulo) regula el manejo de residuos electrónicos, definiendo procedimientos para recolección, transporte y disposición final ambientalmente adecuada (cetesb.sp.gov.br).
Para activos fijos electrónicos, el proceso comienza con la clasificación, identificación y evaluación del estado de los equipos. Los equipos obsoletos deben ser segregados para recuperación o reciclaje. La eliminación implica etapas que garantizan la seguridad de la información, especialmente en dispositivos de almacenamiento, como discos duros y medios magnéticos.
La legislación brasileña, en consonancia con buenas prácticas internacionales, recomienda procedimientos de sanitización y destrucción de datos para dispositivos como HDD y SSD. Los métodos efectivos incluyen la sobrescritura criptográfica o destrucción física. Para servicios especializados de sanitización segura de discos duros, las plataformas certificadas garantizan conformidad técnica y ambiental, evitando riesgos de fuga de información.
La correcta eliminación requiere recolección mecánica especializada. La recolección de residuos electroelectrónicos debe ser realizada por empresas autorizadas, siguiendo estándares técnicos y ambientales para transporte y tratamiento. Para programar la recolección de basura electrónica en São Paulo, se recomienda utilizar servicios con certificación ambiental, garantizando la trazabilidad hasta la disposición final.
El almacenamiento inadecuado y la eliminación irregular de activos tecnológicos causan contaminación del suelo y recursos hídricos por metales pesados y sustancias tóxicas. Además de sanciones administrativas, civiles y penales (artículos 54 y 56 de la Ley nº 9.605/1998 - Ley de Delitos Ambientales: planalto.gov.br), la responsabilidad por el almacenamiento y la transmisión indebida de datos configura infracción a la Ley General de Protección de Datos (Ley nº 13.709/2018: planalto.gov.br).
Se recomienda implementar políticas internas para la gestión de activos tecnológicos, incluyendo auditorías periódicas e inventarios actualizados. Debe contratarse a prestadores debidamente licenciados y garantizar el seguimiento documental para comprobar la correcta disposición. La adhesión a certificaciones ambientales fortalece el compromiso corporativo sostenible.
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