La acumulación inadecuada de residuos eléctricos y electrónicos representa un importante riesgo regulatorio y fiscal. De acuerdo con la Ley nº 12.305/2010, que establece la Política Nacional de Residuos Sólidos (PNRS), tales residuos deben ser gestionados de forma ambientalmente adecuada, responsabilizando a los generadores por la correcta gestión.
La acumulación irregular puede dar lugar a multas ambientales con base en el art. 54 de la citada ley, con sanciones que incluyen multas e incluso embargos de actividades. El órgano ambiental competente, de acuerdo con la legislación estatal, puede exigir la regularización inmediata de la situación, con el apoyo de normas técnicas de CETESB (cetesb.sp.gov.br) y otros agentes de inspección.
Además del aspecto ambiental, existen riesgos fiscales relacionados con la gestión inadecuada de estos residuos. De acuerdo con el Decreto Nº 10.936/2022 y las directrices de la Secretaría de Ingresos Federales, el control documental y la comprobación del correcto destino son obligatorios para el resguardo fiscal, especialmente en relación con los impuestos que gravan el reenvío para reciclaje o disposición final.
El incumplimiento de las normas puede acarrear responsabilidades administrativas, civiles y penales. La Ordenanza MMA Nº 280/2019 refuerza los deberes de generadores e importadores en el ámbito del Sistema Nacional de Información de Gestión de Residuos Sólidos (SINIR), exigiendo el registro y reporte de las acciones de gestión.
Para mitigar riesgos, se recomienda contratar servicios especializados de recolección de residuos electrónicos. De esta forma se garantiza un correcto tratamiento, de acuerdo con las especificaciones del art. 33 del PNRS y el respeto a la cadena logística inversa.
Dispositivos como discos duros y otros soportes deben someterse a sanitización segura de soportes electrónicos para evitar la exposición de datos sensibles, de acuerdo con las recomendaciones de la Agencia Nacional de Protección de Datos (ANPD) y las buenas prácticas del NIST.
Una inadecuada gestión de los residuos electrónicos conlleva graves riesgos normativos y fiscales, que exigen el estricto cumplimiento de la legislación vigente y la adopción de procesos controlados y certificados para la manipulación y disposición final de estos materiales.
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