A partir de 2025, las fiscalizaciones relacionadas con la eliminación de equipos electrónicos sufrirán cambios significativos, siguiendo la actualización de la Política Nacional de Residuos Sólidos (Ley nº 12.305/2010), complementada por reglamentos y resoluciones recientes que refuerzan la responsabilidad compartida y los criterios para el tratamiento y destino ambientalmente adecuado.
Conforme al Decreto nº 10.936/2022 y las resoluciones del SINIR (Sistema Nacional de Información sobre la Gestión de Residuos Sólidos), los agentes que manejan residuos electrónicos deberán cumplir criterios más rigurosos de control, trazabilidad y comprobación del flujo de los residuos. La Política Nacional de Residuos Sólidos (Ley nº 12.305/2010) exige que la eliminación de electrónicos se realice de modo que minimice los impactos ambientales y evite la eliminación irregular en vertederos sanitarios convencionales.
El ajuste en las acciones de fiscalización por parte del IBAMA y organismos estatales, como la CETESB, se intensificará para garantizar el cumplimiento de la legislación. Se prevé un aumento de multas y sanciones administrativas para quienes incumplan las normas, incluyendo la incautación de materiales e incluso la suspensión de las actividades relacionadas con la gestión de residuos electrónicos.
Con la intensificación de las fiscalizaciones, la adecuada recolección de residuos electrónicos se vuelve indispensable. La correcta separación, almacenamiento y destino de los residuos electrónicos son fundamentales para el control ambiental y para evitar pasivos ambientales y legales.
Se prestará especial atención a la eliminación segura de dispositivos de almacenamiento, como HDs y otros medios. Procedimientos específicos para la destrucción segura y sanitización son obligatorios para asegurar la protección de datos sensibles y el cumplimiento de la Ley General de Protección de Datos (Ley nº 13.709/2018).
Para cumplir con las nuevas exigencias, es crucial implementar procesos que garanticen el control documental de los residuos, contratando servicios especializados para la recolección, transporte y destino ambientalmente adecuado. Además, fomentar la capacitación de los involucrados en la gestión y la concientización sobre las responsabilidades legales evita riesgos de pasivos y refuerza la gobernanza ambiental.
Los cambios en las fiscalizaciones en 2025 refuerzan la necesidad de conformidad en todas las etapas de la eliminación de equipos electrónicos. El cumplimiento riguroso de la legislación promueve la sostenibilidad, la seguridad de la información y previene impactos negativos al medio ambiente.
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