La eliminación informal de electrónicos corporativos presenta riesgos jurídicos significativos, imponiendo consecuencias legales y ambientales. Este artículo aborda las principales obligaciones legales y las medidas que los decisores deben adoptar para mitigar dichos riesgos, garantizando el cumplimiento de la legislación vigente y la seguridad de la información.
En Brasil, la gestión adecuada de residuos electroelectrónicos está regulada por la Ley Federal nº 12.305/2010 (Política Nacional de Residuos Sólidos - PNRS), que disciplina el manejo de residuos y responsabiliza a los generadores por la correcta disposición de estos materiales.
Además, el Sistema Nacional de Información sobre la Gestión de Residuos Sólidos (SINIR) establecido por el decreto nº 10.936/2022 agrega información para monitoreo, reforzando la necesidad de trazabilidad y transparencia en la eliminación.
La eliminación inadecuada de electrónicos generados en el ámbito corporativo puede acarrear sanciones administrativas, civiles y penales, conforme a lo previsto en el art. 54 de la Ley nº 12.305/2010. Esto incluye multas elevadas, acciones reparadoras por daños ambientales y, en casos extremos, responsabilidad penal por contaminación.
Además, la eliminación informal puede implicar una violación de las normas de protección de datos, especialmente cuando involucra medios con información sensible, implicando riesgos de fuga y exposición indebida, configurando una infracción a la Ley General de Protección de Datos (LGPD - Ley nº 13.709/2018).
Para evitar implicaciones jurídicas, es fundamental adoptar procedimientos formales y documentados para la eliminación de electrónicos. Esto incluye celebrar contratos con operadores especializados que garanticen la recolección, transporte y disposición final ambientalmente adecuada.
Se recomienda la utilización de servicios certificados para la recolección de residuos electrónicos, asegurando conformidad con la legislación y trazabilidad de los residuos.
En el caso específico de medios que contienen datos sensibles, como discos duros y otros dispositivos de almacenamiento, la adopción de procesos técnicos de destrucción y sanitización es esencial para mitigar riesgos de fuga. En este aspecto, se debe priorizar servicios especializados en sanitización de medios electrónicos con comprobación técnica y certificación.
Registrar todos los procedimientos de eliminación y mantener la documentación actualizada es crucial para demostrar el cumplimiento ante los órganos fiscalizadores, como la CETESB y demás agencias ambientales estatales.
En una eventual inspección, la ausencia de comprobación documental puede agravar las sanciones y fortalecer la responsabilidad jurídica.
La atención rigurosa a la legislación y a la gestión técnica de residuos electroelectrónicos es imprescindible para evitar sanciones legales y proteger la integridad de los datos corporativos. La adopción de prácticas estructuradas y la contratación de servicios especializados permiten una mitigación efectiva de los riesgos jurídicos asociados a la eliminación informal.
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