La Política Nacional de Residuos Sólidos (PNRS), instituida por la Ley nº 12.305/2010, establece directrices para la gestión integrada y el manejo ambientalmente adecuado de los residuos sólidos en Brasil. Con la llegada del año 2025, el marco legal presenta modificaciones y exigencias ampliadas para municipios y el sector productivo, buscando la efectividad de sus responsabilidades compartidas.
Según lo dispuesto en el Artículo 30 de la Ley nº 12.305/2010, los municipios deben implementar sistemas de recolección selectiva y destino ambientalmente adecuado hasta 2025, respetando el concepto de desarrollo sostenible. Entre los desafíos prioritarios está la implementación de sistemas de logística inversa ampliada para residuos sólidos urbanos, conforme el Sistema Nacional de Información sobre la Gestión de Residuos Sólidos (SINIR), y la reducción del depósito en rellenos sanitarios, siendo necesario el alineamiento con los planes municipales de residuos sólidos (PMRS).
Con el avance de las contrataciones públicas y la ampliación de las responsabilidades de los generadores, la PNRS en 2025 refuerza las obligaciones relacionadas con la recolección y destino de los residuos mediante la logística inversa, respaldada por el SINIR y regulada en conjunto con organismos como el Ministerio del Medio Ambiente. Se resalta la importancia de la formalización de estas responsabilidades mediante contratos, asegurando el cumplimiento de las metas ambientales.
La gestión de los residuos de bienes electroelectrónicos constituye un punto crítico en la PNRS, que enfatiza la importancia de procedimientos específicos para la recolección y el descarte, con el fin de evitar daños ambientales y riesgos a la salud pública. El descarte adecuado de equipos electrónicos puede realizarse a través de servicios especializados, como la recolección de basura electrónica y la sanitización segura de discos duros y medios, garantizando confidencialidad y conformidad ambiental.
El uso del SINIR (https://sinir.gov.br/) se vuelve obligatorio para los municipios y los sectores regulados, promoviendo la transparencia de los datos sobre generación y destino de residuos. La integración con este sistema permitirá el monitoreo de las metas de la PNRS, conforme a los parámetros indicados por el MTR - Monitoreo del Tratamiento y Residuos.
Se observa que, a partir de 2025, habrá un aumento de la fiscalización y la aplicación de penalidades por incumplimiento de la PNRS. La Agencia Nacional de Licenciamiento Ambiental (ANLA) y las autoridades estatales y municipales reforzarán los mecanismos de seguimiento y exigencia de compromisos técnicos conforme a lo establecido por la legislación ambiental vigente.
Los cambios de la PNRS para 2025 exigen una actuación integrada de todos los stakeholders, fortaleciendo la gobernanza ambiental municipal y sectorial. El cumplimiento de las nuevas directrices posibilitará avances significativos en la gestión sostenible de los residuos sólidos, minimizando los impactos negativos para el medio ambiente y la sociedad.
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