La comercialización inadecuada de chatarra puede generar pasivos millonarios para los involucrados, especialmente cuando se realiza a través del mercado informal. La ausencia de conformidad con la legislación ambiental y fiscal expone el negocio a sanciones graves.
Lo dispuesto en la Ley nº 12.305/2010, que instituye la Política Nacional de Residuos Sólidos, determina la importancia de la gestión adecuada de los residuos, incluidos aquellos reciclables y reutilizables. De acuerdo con el Art. 33, corresponde a los generadores y a los responsables de los residuos la destinación ambientalmente adecuada, siempre respetando las normas específicamente establecidas.
Además, la responsabilidad sobre el manejo se amplía por la Ley nº 9.605/1998, que trata sobre delitos ambientales, cuyo incumplimiento puede implicar multas e incluso sanciones penales.
El mercado informal opera frecuentemente sin el debido registro y autorización, lo que constituye una infracción administrativa y puede ser encuadrado como delito ambiental. La ausencia de documentos y controles puede llevar a la incautación de materiales, multas significativas y procesos judiciales que impactan financieramente de manera considerable.
Además de los riesgos ambientales, existe la posibilidad de fraudes fiscales, como la evasión de impuestos, que agravan el pasivo jurídico. El mercado informal también dificulta la trazabilidad de los residuos, infringiendo lo dispuesto en el Sistema Nacional de Información sobre la Gestión de Residuos Sólidos (SINIR) previsto por el Decreto nº 10.936/2022.
Integrar proveedores informales al proceso de reciclaje compromete la conformidad regulatoria y expone las operaciones a auditorías negativas. La conformidad con los requisitos legales es imprescindible para la continuidad de la actividad, protegiendo contra multas y daños reputacionales.
El manejo adecuado de los residuos permite mitigar los riesgos legales. La recolección formal y regularizada, conforme a las normas ambientales, es obligatoria y debe ser realizada por agentes autorizados. En el caso de la eliminación segura de medios y equipos, se recomienda la sanitización adecuada para la protección de datos confidenciales, conforme a las indicaciones disponibles en sanitización de HD.
Para residuos electrónicos en general, la adopción de procesos autorizados y programados contribuye a una gestión responsable y conforme a la legislación, según se detalla en recolección de residuos electrónicos.
La actuación en el mercado informal de chatarra configura riesgos jurídicos significativos, especialmente ante la legislación ambiental rigurosa y la obligatoriedad de control y documentación. La conformidad no solo previene pasivos financieros considerables, sino que también fortalece la gobernanza y la sostenibilidad de las operaciones.
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