El mercado informal ejerce una influencia significativa en la responsabilidad administrativa de grandes organizaciones, especialmente en lo que respecta a las prácticas de cumplimiento ambiental, fiscal y laboral. La actuación irregular a través de este mercado puede acarrear riesgos jurídicos y reputacionales, además de comprometer el cumplimiento de las normativas vigentes, como las previstas en la Ley nº 12.846/2013 (Ley Anticorrupción) y en el Decreto nº 10.937/2022.
La Ley nº 12.846/2013 atribuye responsabilidad objetiva a las grandes corporaciones por los actos lesivos cometidos contra la administración pública, incluyendo prácticas que involucren al mercado informal como vector de ilegalidades. Además, el Decreto nº 10.937/2022 detalla procedimientos para investigación y sanción administrativa, reforzando el compromiso de las organizaciones con el cumplimiento.
En el ámbito ambiental, la Ley nº 12.305/2010, que instituye la Política Nacional de Residuos Sólidos, impone la responsabilidad compartida entre generadores, distribuidores y consumidores para la correcta gestión y destinación de residuos, dificultando prácticas informales que evaden sistemas oficiales de recolección y tratamiento. El incumplimiento de estas normas puede resultar en multas, sanciones administrativas y daños a la imagen institucional.
La participación indirecta o el suministro inadvertido para el mercado informal amplifica la exposición de las grandes organizaciones a riesgos administrativos, tales como:
Una práctica esencial para mitigar los riesgos involucrados con el mercado informal es el control riguroso del proceso de recolección y descarte de residuos electrónicos. La política de residuos electrónicos debe estar alineada con el sistema nacional regulado por el SINIR (Sistema Nacional de Información sobre la Gestión de Residuos Sólidos), conforme a lo regulado por la Resolución CONAMA nº 401/2008 y la Resolución CONAMA nº 428/2010, garantizando la trazabilidad y destinación final ambientalmente adecuada.
Para evitar fugas de datos y minimizar riesgos jurídicos, se recomienda la sanitización segura de medios y discos duros, metodología que asegura la destrucción definitiva de la información contenida en dispositivos electrónicos, conforme a la orientación de la legislación vigente y buenas prácticas de seguridad de la información. La práctica está alineada con la Ley General de Protección de Datos (LGPD - Ley nº 13.709/2018), que impone responsabilidad al controlador por el tratamiento adecuado de los datos personales.
El fortalecimiento de los controles internos y auditorías periódicas es imperativo para evitar vínculos indirectos con el mercado informal. La implementación de sistemas de compliance integrados, con registros de proveedores y destinos finales, ayuda a identificar riesgos y a evitar sanciones. La adopción de normas y frameworks internacionales, como COBIT y NIST, también contribuye a la mitigación de estos impactos.
La interfaz con el mercado informal presenta desafíos sustanciales para la responsabilidad administrativa de las grandes corporaciones, exigiendo acciones rigurosas de cumplimiento y gestión. La adherencia a las legislaciones fiscales, laborales y ambientales, combinada con prácticas de recolección y sanitización de residuos electrónicos reguladas, es fundamental para reducir riesgos legales y preservar la integridad institucional.
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